Prácticas como el sacrificio de animales a dioses prehispánicos, la oración a imágenes de santos o la participación en fiestas patronales son algunas de las tradiciones religiosas mantenidas y reforzadas por el sistema de usos y costumbres en las comunidades indígenas mexicanas. 

Este sistema, basado en prácticas culturales, normas y valores que son el resultado de siglos de sincretismo entre las creencias prehispánicas y las tradiciones católicas, sirve como ley suprema en estas comunidades. Al final, acaba regulando todos los aspectos de la vida cotidiana, desde la resolución de conflictos hasta la distribución de recursos y el ejercicio del poder. Según los líderes comunitarios, todos los indígenas de su jurisdicción deben cumplir estas tradiciones, sin excepción. 

Sin embargo, en ocasiones estas prácticas pueden entrar en conflicto con ciertos derechos constitucionales mexicanos, como los recogidos en el artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este artículo garantiza la libertad de creencias religiosas y asegura el libre ejercicio de la religión, siempre que no implique prácticas contrarias a la moral, la salud o el orden público. 

«La Constitución garantiza el derecho a respetar las prácticas de los pueblos indígenas. El artículo 2 aprueba este tipo de acciones y respeta la forma de vida y cosmovisión de los pueblos indígenas», afirmó Adolfo Gómez Hernández. Este ex senador del partido Morena causó gran polémica cuando realizó una ceremonia prehispánica en el Senado, que consistió en el sacrificio de una gallina como ofrenda a "Tláloc", el dios de la lluvia. 

El senador Gómez Hernández reconoció que sacrificar un animal en el Senado violaba la ley, pero argumentó que la Constitución, que reconoce el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación y la autonomía, tiene prioridad. 

Este mismo argumento es utilizado con frecuencia por las autoridades comunitarias cuando persiguen a los cristianos, acusándoles de faltar al respeto a sus creencias y tradiciones, que en muchos casos son contrarias a la fe cristiana. Durante las sesiones de negociación a las que Puertas Abiertas ha asistido en México, los líderes tradicionales suelen defender su acoso como parte de las «tradiciones» y leyes indígenas de las comunidades. 

En septiembre de 2024, el gobierno aprobó una reforma que reconoce el sistema de tradiciones y costumbres como sujeto de derecho público en México. Esto significa que las comunidades indígenas podrán ejercer sus derechos y tradiciones de forma autónoma, sin mediación externa. Las decisiones tomadas en las asambleas comunitarias deben ser respetadas tanto por el gobierno como por la sociedad en general. 

Jorge Jiménez*, investigador de Puertas Abiertas en México, expresó su preocupación por la reforma, señalando que efectivamente crea un «cuarto nivel de gobierno, además de los niveles federal, estatal y municipal». Según Jiménez, «este cambio podría impactar significativamente en la estructura de gobierno y en la forma en que se reconocen y otorgan derechos y responsabilidades a estas comunidades». 

Jiménez teme que estos cambios constitucionales puedan violar los derechos de los cristianos evangélicos que viven en comunidades indígenas, ya que la ley podría anteponer las tradiciones ancestrales a las creencias y derechos de estos cristianos. Actos como el sacrificio llevado a cabo por el senador Gómez podrían ejecutarse sin más consecuencia que el escrutinio social. 

Un abogado que trabaja con Puertas Abiertas en México destacó las complejidades legales que esta nueva reforma podría crear para la defensa de casos de persecución religiosa en comunidades indígenas: «La defensa legal que Puertas Abiertas proporciona se volverá más difícil si estos casos son tratados por tribunales indígenas especializados. La estructura de estos tribunales no está claramente explicada en la nueva reforma. Se espera que sean seleccionados por usos y costumbres, lo que podría llevar a una justicia parcial que afectaría negativamente a las minorías evangélicas». 

«Los tribunales indígenas especializados (...) podrían llevar a una justicia parcial que afectaría negativamente a las minorías evangélicas».

Fuente:

Puertas Abiertas